Valor de la pericia
Gonzalo Sozzo
En el marco de la Jornada Internacional de Protección del Medio Ambiente, que se llevó a cabo hoy en Paraná, disertó, entre otros, el director del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral y coordinador académico de la Especialización en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Gonzalo Sozzo.
Se refirió al rol del conocimiento científico en los procedimientos ambientales y a la valoración de las pericias cuando “la alianza entre la ciencia, la política y los mercados está siendo cuestionada por las organizaciones sociales, que reclaman poner en caja la gestión de riesgos”.
Sozzo advirtió que la falta de audiencias públicas dificulta el cumplimiento del principio precautorio de la ciencia ; consideró necesario “que los tribunales puedan escuchar a la víctimas” y recordó que carecen de expertos que puedan revisar la veracidad de las pericias.
Propició además la elaboración de una pericia interdisciplinaria, ya que a su entender “por regla debe ser colegiada”, al tiempo que llamó “a reconstruir el diálogo y el debate entre los sectores implicados”.
Explicó, finalmente, que con el principio precautorio se busca establecer un análisis de riesgo que efectúe un diagnóstico, determine la población vulnerable, señale cómo comunicar lo detectado y sugerir una evaluación. “Son los requisitos que debe cumplir todo test de análisis de riesgo”, concluyó el disertante.
Diálogo y conciliación en conflictos ambientales
Luego fue el turno del titular del Juzgado Civil y Comercial Nº1 de La Paz, Diego Rodríguez, quien se refirió al “Diálogo y conciliación en conflictos ambientales. Experiencias en Entre Ríos”. En ese marco repasó casos de gran trascendencia, como la acción de amparo del Foro Ecologista de Paraná para detener la tala del monte nativo o el acuerdo alcanzado para tratar los residuos que se generan en el Parque Industrial de Gualeguaychú.
Según Rodríguez, la gestión de recursos hídricos, el desarrollo de urbanizaciones y las formas de producción intensivas son fuente de problemas ambientales que pueden generar controversias.
“El juez debe resolver casos y su interés no radica en la verdad científica”
A su turno el presidente de la Sala Tercera de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de Paraná, Andrés Marfil, aludió a la complejidad del Derecho Ambiental y consideró que “resulta difícil atender a todos los sectores con el sistema procesal vigente”. Por eso recordó que “el juez debe resolver casos y su interés no radica en la verdad científica”, al tiempo que dejó abierto un interrogante sobre el pago de las pericias cuando las demandas son promovidas por organizaciones no gubernamentales, que cuentan con el beneficio de litigar sin gastos.
La ejecución de la sentencia ambiental
A su turno, la vocal a cargo del despacho de la Sala 1 de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de Paraná, María Andrea Morales, explicó su experiencia en la ejecución de la sentencia ambiental que ordenó a la Municipalidad de Paraná sobre la erradicación de los basurales para impedir los focos de incendio por quema de basura.
La magistrada dijo que los jueces no tienen capacidad técnica ni operativa para disponer y coordinar los procedimientos de implementación, y que por ende no están en condiciones para decirle a la administración “cómo debe gestionar”, ni cuáles son las “medidas concretas que debe ejecutar”. En cambio, señaló que debe ordenar que se elabore y diseñe un plan o programa (política pública) que cumpla con los estándares constitucionales y legales que permitan alcanzar el objetivo del fallo. Y luego, una vez elaborado el mismo, establecer plazos concretos para la ejecución de las distintas etapas del programa y controlar su ejecución a través de un régimen de informes periódicos, audiencias y constataciones.
También advirtió que transformar el contenido de una sentencia ambiental compleja en realidad concreta construye “el tramo crucial” en el esquema de protección del Derecho Ambiental y exige políticas públicas que se mantengan en el tiempo, compromiso social en el cuidado del propio ambiente y un fuerte activismo judicial.
Morales consideró que las juezas y jueces “debemos actuar con firmeza pero con prudencia, ser respetuosos de la separación de los poderes propios del régimen republicano de gobierno y fundamentalmente, ser conscientes del contexto social, económico y cultural propio de la problemática ambiental de que se trate”.
Andrés Marfil, Andrea Morales y Diego Rodríguez
Activismo judicial
Enrique Osvaldo Peretti
La conferencia de clausura estuvo a cargo del vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz, Enrique Osvaldo Peretti.
Bajo el título “La protección del ambiente y los nuevos desafíos para la Magistratura”, reflexionó sobre la el rol fundamental de la decisión judicial como mecanismo de tracción en la evolución del derecho ambiental.
Se refirió al activismo judicial, que se sustenta en la Constitución Nacional, como una obligación positiva que se ejecuta a través de una nueva visión de la decisión Judicial.
Peretti sostuvo hoy que existe un redimensionamiento del temporal y espacial de esa decisión, dado que en materia ambiental el juez debe defender los derechos de las generaciones futuras y debe resolver de manera global, con lógica de tutela ambiental transportable al resto del universo.
Por último, y luego de consultas de la audiencia, concluyó diciendo que en Argentina estamos teniendo fallos emblemáticos con trascendencia internacional en materia ambiental.
13 de septiembre de 2019
Martín Fabre
Jefe del SIC-STJER
prensatribunales@jusentrerios.gov.ar
